Un escándalo que involucra la venta de medicamentos falsos y el tráfico de drogas ha salpicado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación que lleva a cabo el juez federal Norberto Oyarbide encontró lazos entre la llamada "mafia de los medicamentos" y la campaña que llevó a Fernández a la presidencia en 2007.
La causa que instruye el magistrado investiga la venta de remedios contra el cáncer y el SIDA que fueron adulterados, vencidos o robados. El principal imputado en el caso habría aportado cerca de un cuarto de millón de dólares a la carrera presidencial de la mandataria.
Eso se desprende de las evidencias halladas por Oyarbide durante un allanamiento de las oficinas del primordial sospechoso, el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.
Según reveló el juez a la prensa, durante el registro halló "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial".
Fuentes judiciales detallaron que se trataría de copias de cheques por valor de cerca de US$250.000 entregadas por Lorenzo a colaboradores del partido oficialista, Frente para la Victoria.
Efedrina
Según la Justicia, éste no sería el único vínculo entre la venta ilegal de drogas y la campaña presidencial de Fernández: otro empresario farmacéutico investigado por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes también habría financiado la candidatura de la mandataria.
Se trata de Sebastián Forza, una de las víctimas de un triple homicidio ocurrido en agosto de 2008, quien según las autoridades estaba relacionado con la venta ilegal de efedrina, un precursor químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas.
La jueza María Servini de Cubría investiga los aportes que Forza habría realizado a la campaña de la presidenta, estimados en más de US$50.000.
Su par Oyarbide informó que le envió a la magistrada -que lleva la causa por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la candidatura de Fernández- las evidencias que vinculan a Lorenzo con Héctor Capaccioli, ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña presidencial.
La Justicia argentina también investiga los vínculos comerciales entre Lorenzo y Forza, y los posibles lazos entre la llamada "ruta de la efedrina" y la venta de medicamentos falsos.
Fuentes judiciales informaron este miércoles que el fiscal que investiga el triple homicidio citará a Lorenzo para que declare en la causa, en la que aún no hay imputados.
Obras sociales
Este miércoles el juez Oyarbide ordenó una serie de allanamientos en los que halló un alto número de medicamentos vencidos.
El magistrado ordenó la detención de un empresario farmacéutico en uno de los depósitos registrados.
De acuerdo con su investigación, los medicamentos falsificados se han suministrado a los pacientes a través de las obras sociales de algunos sindicatos, entre ellos el de los empleados bancarios y el del Ministerio de Economía, que están bajo investigación.
La defraudación al Estado alcanzaría los US$155 millones.
La investigación de la "mafia de los medicamentos" causó el despido de un alto funcionario del Ministerio de Salud de Buenos Aires, que según Oyarbide estaría implicado en la causa.
Tras anunciar el alejamiento del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, el jefe de la cartera bonaerense, Claudio Zin, causó controversia al afirmar que “es muy posible que el 10% de los medicamentos que circulan en el país sea falsificado”.
Por su parte el ministro de Salud nacional, Juan Manzur, consideró "aberrante y criminal" la adulteración de medicamentos, y sostuvo que se pondrá a disposición de la Justicia para ayudar a identificar "si hay gente vinculada al ambiente de la política" involucrada en los hechos delictivos.
Hasta el momento, el gobierno no ha realizado declaraciones respecto a los presuntos vínculos entre la “mafia de los medicamentos” y la campaña presidencial.
Lavado de dinero
Una de las principales denunciantes de los vínculos entre grupos delictivos y las obras sociales de los sindicatos es la ex ministra de Salud de la nación, Graciela Ocaña.
La ex funcionaria dejó sus funciones el 29 de junio pasado, el día después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.
Según los analistas, su alejamiento habría estado vinculado a su fuerte confrontación con los gremialistas relacionados con la cartera sanitaria.
El martes la ex ministra se presentó ante el juez Oyarbide para ampliar sus denuncias.
Según dijo, el tráfico ilegal de remedios estaría vinculado a un operativo aún más grande: una enorme red de lavado de dinero.
Tras el encuentro, Oyarbide afirmó que ampliará su indagatoria y anticipó que investigará a Lorenzo por lavado de dinero, además de extender sus pesquisas a otras obras sociales bajo sospecha.
El escándalo por la "mafia de los medicamentos" se sumó a una serie de acusaciones vertidas en la prensa contra el gobierno de Fernández, que mantiene un enfrentamiento con los principales grupos mediáticos del país.
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